La empresa GALITEC presentó un recurso contencioso administrativo contra «la inactividad del Concello da Cañiza en relación con sus obligaciones de pago»
El Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 de Pontevedra ha condenado al Concello da Cañiza a abonar a la empresa GALITEC Desarrollos Tecnológicos SL cerca de 129.000 euros por la obra de reforma de las instalaciones de tratamiento de aire de la piscina climatizada municipal. La factura de estos trabajos asciende a 120.020,87 euros a los que hay que sumar 8.602,04 euros en concepto de intereses de demora.
Así lo hicieron público esta semana los populares. Su portavoz, Miguel Domínguez, explica que cuando Luis Piña llegó al gobierno municipal en junio de 2019, el Concello ya contaba con una subvención concedida por la Xunta de Galicia por importe de 109.906 euros para cambiar estos equipos, quedando pendiente tan solo contratar y justificar la obra para recibir la ayuda.
El único requisito, recuerda el popular, era cumplir con los plazos estipulados, debiendo justificar la misma a 31 de octubre de 2019. Pero, según se expone en la sentencia, cuando el alcalde adjudicó la obra y pactó el plazo de ejecución, ya era consciente de que estaba firmando una fecha de finalización posterior a la exigida en las condiciones de la propia subvención, lo que haría imposible que la obra se justificase a tiempo. «A pesar de todo, la Xunta de Galicia le concedió una prórroga al Concello para que intentase justificarla en plazo y no perdiese el dinero, y aún con todas estas facilidades Piña fue incapaz de hacerlo», critica el popular. Eso sí, siguió adelante con el proceso y la empresa realizó los trabajos, por lo que emitió la correspondiente factura al Concello.
Para Domínguez, «es algo gravísimo que Piña contrate una obra cuando sabe que no va a cumplir los plazos para poder justificar la subvención y por tanto sabía que iba a perder el dinero de la Xunta para poder pagarla, y aún más grave es que, una vez hecha la obra, se niegue a pagar a la empresa el trabajo que ha hecho y tenga que ser el juzgado quien lo obligue, por lo que no solo tenemos que pagar la obra, también los intereses de demora, costas judiciales y gastos de abogados», critica el portavoz.
«Lo más sorprendente es que Piña pretenda venderle a los vecinos que tienen que hacer sacrificios para reabrir la piscina, y quiere ejecutar una obra de achicamiento de las instalaciones que asciende a 700.000 euros, cuando la Justicia le obliga a pagar 130.000 de una obra de ahorro energético que nunca llegó a poner en marcha, porque lo único que hizo con la piscina fue cerrarla», condena Domínguez.
Con la sentencia en la mano, el Concello tendrá que pagar ahora además de la factura y los intereses de demora, 8.147 euros correspondientes a la minuta del letrado y las costas del juicio. «La parálisis y la falta de gestión del alcalde añade una deuda de casi 130.000 euros a las arcas municipales por una obra que no se llegó a poner en marcha, en una instalación que lleva más de año y medio cerrada, un gasto que podría evitarse con gestión y toma de decisiones responsables», concluye.
