Esta facturación registrada entre los años 2017 y 2018 omite todos los procedimientos de contratación que establece la ley y no se puede acreditar ni que se haya realizado el trabajo ni que los precios se ajusten a mercado
Se han localizado facturas pagadas en los años 2017 y 2018 que vuelven a registrarse para cobrar de nuevo con el conforme de los concejales
La revisión de oficio del a facturación irregular promovida por el actual gobierno municipal de Porriño ha detectado numerosas incidencias en la facturación de años anteriores, concretamente en la registrada entre los años 2017 y dos 2018 que asciende a 1.1 M de euros. En ella además de la ausencia de procedimientos de contratación en la adjudicación de suministros, obras y servicios con acuerdos verbales sin ningún tipo de garantía legal, se han encontrado facturas registradas en la contabilidad del año 2017 que, a pesar de omitir los procedimientos legalmente establecidos, han sido pagadas sin justificar la veracidad de los servicios prestados ni la adecuación a los precios de mercado de los conceptos facturados.
Además, se han localizado facturas que han sido pagadas en el año 2017 y en el año 2018, y en años posteriores volvieron a ser registradas para ser abonadas y que el Concello pagara de nuevo por los mismo conceptos. Facturas que además fueron conformadas por el órgano de gobierno por aquel entonces sin que se los técnicos municipales pudiesen acreditar la veracidad de los servicios prestados y su adecuación al precio de mercado.
Esta facturación es parte de la que engrosa la cuenta «cajón» dejada por el anterior gobierno municipal que asciende a cerca de 5 M de euros, parte de la cual está siendo objeto de investigación penal.
En este contexto, el Gobierno Municipal llevó y aprobó hoy en pleno rechazar el reconocimiento y retirar de la contabilidad municipal definitivamente estas facturas no acreditadas con el respaldo de los informes del Interventor y el Secretario Municipal que apunta a que han sido violados todos los principios de contratación y fiscalización de gasto e que establece la ley e incide en que no ha sido posible para los técnicos y encargados municipales acreditar que ese servicio se ha prestado, y lo que es más grave, que consideran que alguno de ellos no se ha realizado o es imposible verificar. Apunta a una posible actividad «falsaria y atentatoria a la hacienda pública» en alguno de los casos , al detectarse posibles engrosamientos de precios.
Desde el consistorio indican que continúan pendientes de sentencia las que están siendo objeto de investigación penal y se está realizando ya revisión del montante restante de la cuenta pendiente de pago para poder proceder por fin a pagar a esas pequeñas empresas y autónomos que se acredite la prestación del servicio tras años de paralización.
El rechazo de esta facturación salió adelante con el voto del Gobierno Municipal, la abstención de EU SON y el voto en contra de Psoe, BNG y Lourdes Moure.
«La revisión que estamos efectuando de toda la facturación que se aparcó en el `cajón´ devuelve infracciones muy graves y de no haberla llevado a cabo a día de hoy estaríamos pagando dos veces por trabajos que no sabemos ni si se realizaron», explicó el alcalde, Alejandro Lorenzo, «Y por supuesto, no solo la rechazaremos, sino que nos personaremos como corresponde en el penal para defender los intereses de todos los porriñeses y porriñesas. Hablamos de hechos muy graves».